La propuesta del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona que prevé obligar a los promotores a destinar el 30% de los pisos en edificios de obra nueva o reformados a vivienda social ha caído como un jarro de agua fría sobre el sector. Por el momento, la oposición ha conseguido que no se aplique de forma inmediata una moratoria en la concesión de todas aquellas licencias que no incorporaran ya este porcentaje. Con ello han logrado ganar algo de tiempo para que los grupos municipales y agentes implicados intenten introducir alegaciones y acercar posiciones sobre una medida que, de aplicarse a partir del próximo otoño como está previsto, tendrá importantes consecuencias sobre el sector inmobiliario.
El equipo de gobierno que lidera la alcaldesa Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido coger el toro por los cuernos para atajar el déficit histórico de vivienda social en la ciudad. Y para ello, se ha hecho suya una propuesta promovida por diversas entidades sociales -FAVB y PAH entre otras- que contempla destinar el 30% de las promociones de obra nueva o grandes reformas a vivienda social. El pasado lunes la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona dio luz verde a la aprobación inicial de esta medida con los votos a favor de los grupos municipales de PSC, ERC i CUP Capgirem y el concejal no adscrito, Gerard Ardanuy, y las abstenciones de GMDemòcrata y Cs. El PP votó en contra. Con ello, el Ayuntamiento prevé sumar cada año 334 pisos nuevos al parque de vivienda pública de la ciudad.
La medida supone la modificación del Plan General Metropolitano (PGM), por lo que se someterá a un periodo de exposición pública durante un mes en el que se podrán presentar alegaciones e introducir modificaciones. Deberá pasar después por la Subcomisión de Urbanismo de la Generalitat antes de ser aprobada definitivamente, en caso de reunir los apoyos suficientes, por el pleno del Ayuntamiento de Barcelona.
Se abre ahora un proceso en que los grupos municipales y agentes implicados intentarán negociar el redactado y alcance de esta medida. De hecho, los grupos de la oposición frenaron la aplicación de una “moratoria” para la concesión de licencias a proyectos que no incluyeran ya esta reserva del 30%. De haber prosperado tal como pretendía el equipo de Colau en la Comisión de Urbanismo celebrada el 18 de junio, la suspensión hubiera entrado en vigor de forma inmediata al día siguiente, lo cual habría representado un golpe duro e inesperado para el sector.
El sector, en contra
Para Ignasi Busquets, socio fundador de la consultora inmobiliaria Busquets Gálvez, muy activa en el mercado de inversiones, aprobar medidas de esta trascendencia sin hablar antes con el sector privado y con agentes del tercer sector es, como poco, irresponsable. “Tras tres años de mandato hemos visto un estilo de hacer política municipal poco dialogante. Se ha estigmatizado a todo un sector económico muy importante para la ciudad sin intentar antes escucharnos y tratar de llegar a puntos de consenso. Dar la espalda a la iniciativa privada no es la solución” señala.
Para Busquets, antes de aprobar medidas polémicas, el Ayuntamiento debería empezar primero por completar la construcción de vivienda social en los solares reservados en 22@, Sagrera o La Marina del Prat Vermell o recalificar suelo para destinarlo a vivienda social de forma indefinida y no por un periodo de tiempo limitado. “En Barcelona además hay empresas y entidades especializadas en vivienda social en las que el Ayuntamiento podría delegar para desarrollar proyectos. Pero percibimos un afán de protagonismo por parte del actual equipo de gobierno que les resta eficiencia a la hora de atacar un tema tan complejo como el de la vivienda social” explica.
Derecho de tanteo y retracto en toda la ciudad
En este sentido, también se muestra crítico con la manera en que el Ayuntamiento está utilizando en derecho de tanteo y retracto. “Son operaciones muy efectistas de cara a la galería. Pero la realidad es que el consistorio en ocasiones está pagando precios fuera de mercado para poder ejercer este derecho” indica. Añade Busquets que “para ampliar el parque de vivienda social es más importante comprar a buen precio que adquirir inmuebles bien ubicados”.
Precisamente, en la misma Comisión de Urbanismo se aprobó también de forma inicial otra modificación del PGM para ampliar el área sujeta al derecho de tanteo y retracto a toda la ciudad de Barcelona. De esta manera, el Ayuntamiento pretende ejercer el derecho de compra preferente de cualquier inmueble o solar que se comercialice en la ciudad con la finalidad, según indican, de frenar las operaciones especulativas y distribuir la oferta de vivienda protegida por los diferentes barrios de la ciudad. De aprobarse con el redactado actual, se aplicaría durante 6 años prorrogables a 6 años más.
Para Busquets las medidas propuestas por el equipo de Colau supondrán un duro golpe para un sector económico muy importante de la ciudad, en términos de actividad y empleo. “Se paralizará la actividad y las pocas promociones que salgan adelante lo harán incrementando el precio de venta para garantizar que el proyecto sea rentable” advierte el socio de la consultora inmobiliaria.
En declaraciones a La Vanguardia y al diario económico Expansión, Busquets se mostró convencido de que a medio y largo plazo el mercado de vivienda de promoción será cero. “Somos los primeros en apoyar políticas en pro de la vivienda social, pero otra cosa muy diferente es hacerlo de espaldas al sector y cargarte un mercado” concluye.
