Jaume Collboni y el 30%: alternativas, voluntades y un posible parche en septiembre
Con Jaume Collboni, recién estrenado alcalde de Barcelona, al frente del Ayuntamiento de la ciudad, muchas son las preguntas que tiene el negocio inmobiliario, que ha sido totalmente vapuleado en los últimos ocho años.
Moratoria hotelera, la okupación como un problema de seguridad y el límite de los alquileres son algunas, pero la que más resuena, sin dudas, es la medida que, desde 2018, deben cumplir los promotores de obra nueva y grandes rehabilitaciones en la capital catalana de reservar un 30% de los pisos para vivienda de protección oficial (VPO), una medida que el actual alcalde, Jaume Collboni (PSC), ya se ha comprometido a revertir parcialmente.
Como era de esperar, esta está siendo una de las preguntas más repetidas hacia el alcalde en sus primeras comparecencias. Por ahora, Collboni ha explicado que espera contar durante este otoño con los apoyos necesarios para revisar una de las medidas más controvertidas de todas las implantadas durante el anterior mandato. A su entender esta iniciativa “no está teniendo los resultados en principio esperados y en realidad está desincentivando la iniciativa privada”.
Foto: Luis_Miguel_Añón
Collboni aseguró que lo que Barcelona necesita para superar sus graves problemas de acceso a la vivienda es una gran inversión de carácter público privado que multiplique la oferta. Y para propiciar esta gran inversión pretende “monetizar” la controvertida obligatoriedad a fin de constituir un fondo público dedicado a la compra de solares y también de edificios que permita incrementar el parque de vivienda pública en las partes más consolidadas de la urbe.
Collboni aseguró también que su iniciativa no es para nada una simple ocurrencia, que ya la consultó, debatió y discutió con promotores y constructores, que el sector está de acuerdo con esta reforma. En realidad, al menos esto fue lo que dio a entender el alcalde, el último paso es reunir los apoyos políticos necesarios para sacarla adelante en el pleno municipal.
Ignasi Busquets, socio fundador de Busquets Gálvez, comenta que «la clave seria conseguir este 30% de vivienda social incentivando a promotores privados a construirla en suelo que les sea mínimamente rentable, e incluso llegar a acuerdos publico-privados desarrollando promociones privadas en solares propiedad del Ajuntament».
«Evidentemente la norma del 30% se debería de centrar en determinados distritos donde sea viable económicamente y excluir todo tipo de rehabilitaciones, ya que lo único que se está consiguiendo es aumentar el número de edificios antiguos en mal estado de conservación, desactualizados y en estado de abandono, algo que perjudica también al paisaje urbano”, concluye.
Algunas de las opciones que el sector propone es excluir del 30% todo lo que fueran rehabilitaciones de edificios, tanto para promoverlas y mejorar la ciudad como para hacerlas viables. “Si al final quieren establecer una compensación, que sea un importe fijo (una especie de impuesto para construir vivienda social) y no la obligación de hacer vivienda en otro sitio que puede complicar su ejecución”, explican.
Otra de las quejas más repetidas del sector inmobiliario durante los últimos cuatro años ha sido la “injusticia” de que gran parta de la vivienda social que el Ayuntamiento de Barcelona quería sumar a su parque la debiera sufragar sólo el sector inmobiliario. La vivienda social es una responsabilidad de todos, no solo de la industria inmobiliaria.
LA OBRA NUEVA, DE CAPA CAÍDA
La intención de Collboni de reformular esta medida no es casual. El alcalde ha tomado la batuta del Ayuntamiento de Barcelona en un momento en que es más que evidente que la obra nueva en la ciudad está de capa caída. En el primer trimestre del año únicamente se visaron 240 viviendas, lo que supone un desplome interanual del 69,11%, según datos del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).
Esta cifra es muy similar a los datos que se registraron en el primer semestre de 2013 aunque el contexto era muy distinto, en plena crisis inmobiliaria. En aquel periodo, los pisos nuevos visados fueron de 218.
No obstante, este descenso, además de la norma impuesta por el consistorio, también se debe a causas internacionales. A la inflación se le suman el incremento de los tipos de interés y la subida del precio de la electricidad y de los materiales.
Es por este motivo que lo que propone Collboni es que este 30% no deberá estar en la misma promoción sino que podrán invertir en otros barrios de la ciudad. A la espera de ver cómo se materializa esta medida, los datos que ayer dio a conocer el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) ponen de manifiesto que el resto del área metropolitana se ha convertido en un refugio para los inversores.
En cuanto al cómputo global, de enero a junio se visaron 4.614 viviendas nuevas, un 6% más que en 2022. Por ciudades, las que concentran más acividad son Vilanova i la Geltrú (372 viviendas), Sabadell (359), Esplugues (306), Abrera (189), El Prat (165), L’Hospitalet (163), Badalona (159) y Terrassa (146).
Los datos del COAC también ponen de manifiesto que el desplome de la actividad en Barcelona no ha contribuido al objetivo que motivó la reserva del 30% de VPO, la necesidad de incrementar el parque público de viviendas. Desde entonces, únicamente se han visado en la capital catalana 51 viviendas públicas, 16 entre enero y junio. Estas últimas están situadas en tres promociones distintas.
Busquets Gálvez está especializada en operaciones de compraventa y alquiler de edificios y propiedades comerciales –oficinas y locales-, así como en el asesoramiento de inversiones inmobiliarias tanto en el ámbito nacional como en el internacional. La consultora opera fundamentalmente en Barcelona y Madrid.
