El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 aprobado por el gobierno central el pasado mes de marzo no acaba de convencer. Tanto el sector privado, como entidades del tercer sector, partidos de la oposición, organismos públicos o grandes ayuntamientos lo califican de poco ambicioso. Aunque los argumentos que esgrimen no son idénticos todos coinciden en un mismo punto: la dotación presupuestaria de 1.443€ millones de euros repartidos a largo de los próximos cuatro años, es del todo insuficiente. Pero mientras para los promotores, las subvenciones a la compra se quedan cortas, para el resto, las ayudas directas al pago del alquiler puede alimentar una burbuja de precios. Además, critican que el Plan no contemple de forma más decidida la ampliación del parque público de vivienda.
Se hizo esperar pero finalmente el nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2018-2021 vio la luz el pasado mes de marzo. Las medidas más destacadas de este nuevo plan se refieren a las ayudas para el pago del alquiler. Las subvenciones previstas son del 40% de forma general y del 50% para jóvenes menores de 35 años y personas mayores de 65 sobre el precio del alquiler, que no debe superar los 600€ mensuales. Además, en ciudades como Barcelona y Madrid donde los alquileres son más elevados, el Plan contempla también subvencionar el 30% del tramo entre 601€ y 900€.
Estas ayudas van 
dirigidas a personas o unidades familiares sin ninguna propiedad cuyas rentas anuales no superen tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir que no ganen más de 22.559 euros al año distribuidos en 14 pagas y que, en el caso de mayores de 65 años, no tengan un patrimonio superior a los 100.000€. También prevé que las personas afectadas por lanzamiento o desahucio puedan recibir ayudas para cubrir hasta el 100% del pago del alquiler siempre y cuando éste no supere los 400€ mensuales. El IPREM máximo fijado para familias numerosas y familias que tengan algún miembro con discapacidad es de 4 veces el indicador y de 5 para aquellas familias que reúnan ambas condiciones.
La principal crítica que se ha vertido sobre estas medidas de ayuda al pago del alquiler es que pueden contribuir a alimentar un incremento de precios, al que principalmente deberán hacer frente aquellos que no pueden acogerse a ninguna subvención. Grupos de la oposición, representantes de entidades sociales y especialistas coinciden en que la mejor estrategia para evitar una escalada de precios es incrementar la oferta disponible y ésto pasa por incentivar de alguna manera a los propietarios para que saquen al mercado sus pisos vacíos en régimen de alquiler o promover la rehabilitación y construcción de vivienda pública para destinarla a políticas sociales.
Ayudas a la compra de vivienda, muy limitadas
En cuanto a las ayudas a la compra de vivienda, éstas se circunscriben únicamente a menores de 35 años que vivan en municipios de menos de 5.000 habitantes y cuyos ingresos no superen 3 veces el IPREM (22.559€ al año distribuidos en 14 pagas). El Plan subvenciona hasta el 20% de la compra de viviendas cuyo precio se sitúe por debajo de los 100.000€. Una medida que para los promotores inmobiliarios se queda corta y no incentiva la construcción de vivienda en municipios con mayor demanda. De hecho, el gobierno enmarcó esta línea de subvenciones a la compra dentro de su voluntad de luchar contra la despoblación del mundo rural. Los sectores sociales implicados han respondido exigiendo políticas de empleo 
efectivas en zonas rurales para evitar su despoblación y donde, por este mismo motivo, el acceso a la vivienda no es un problema.
El Plan también contempla ayudas a la rehabilitación y la mejora de la eficiencia energética. En concreto, los propietarios particulares pueden solicitar subvenciones de hasta 8.000€ si la intervención a realizar es en un piso o edificio y de 12.000€ si se trata de casas unifamiliares. Las ayudas no podrán superar el 40% del coste de la inversión, excepto si el solicitante es mayor de 65 años o tiene unos ingresos inferiores a tres veces el IPREM. En estos casos, la ayuda a percibir puede llegar al 75% del coste.
Ayudas a la rehabilitación y construcción de viviendas para el alquiler, poco estimulantes
Por último, el Plan contempla también un paquete de ayudas destinadas a promotores públicos y privados que construyan o rehabiliten viviendas para destinarlas al mercado de alquiler durante un mínimo de 25 años. En este sentido, el Plan prevé aportar 350€/m² hasta los 36.750 euros por vivienda con un límite del 50% de la inversión siempre que el precio de alquiler sea como máximo de 5,5€/m² y la renta de los inquilinos no supere tres veces el IPREM.
Esta ayuda bajaría a los 300€/m² hasta un máximo de 31.550 euros por vivienda con un límite del 40% de la inversión para alquileres de como máximo 7€/m² y en que los inquilinos no ganen más de 4,5 veces el IPREM. También aquellas viviendas que se construyan o rehabiliten para destinarlas al alquiler para personas mayores o con discapacidad durante 40 años pueden ser susceptibles de recibir una subvención de hasta 400€/m² con un límite del 40% de la inversión.
Para los promotores privados la obligatoriedad de destinar la vivienda a alquiler social durante al menos 25 años es un freno importante, entre otras cosas porque implica alargar considerablemente el periodo de financiación.
Paralelamente, el programa recoge una serie de ayudas para fomentar la regeneración urbana y rural a las que se pueden acoger los agentes ejecutores de obras de mejora en edificios y viviendas u obras de construcción que sustituyan edificios que han sido demolidos. Las subvenciones previstas son de hasta 12.000€/vivienda y 120€/m2 local para las intervenciones de rehabilitación y de 30.000€/vivienda para las de renovación con un máximo del 40% de la inversión.
