La Generalitat vuelve a tener vía libre para continuar recaudando el impuesto que grava los pisos que llevan más de dos años vacíos. El Tribunal Constitucional ha decidido esta semana levantar la suspensión sobre la ley catalana que regulaba esta tasa, después que fuera recurrida por el gobierno español el pasado mes de mayo.
Este impuesto afecta a viviendas que están en manos de grandes propietarios y entidades financieras y que llevan desocupadas más de dos años sin causa justificada. Aunque inicialmente la Generalitat tenía previsto recaudar unos €8m, en la primera liquidación de este impuesto el pasado mes de marzo ingresó €11,3m. Se prevé que esta cifra aumente hasta los €14m, ya que, el gobierno catalán planea incluir más municipios a la lista de 72 consistorios que inicialmente demostraron tener que satisfacer una mayor demanda de vivienda social y en los que, de momento, se aplica esta tasa. El dinero recaudado se destinará a la compra de pisos para destinarlos a alquiler social.
